“Exijo que caiga el peso de la Ley sobre los violentos que me quieren callar”: Rosita Jiménez

Sobreponiéndose al pánico que causa que atenten contra su vida, la dirigente política Rosita Jiménez, se pronunció en las últimas horas para mostrar que sigue férrea pese a las claras amenazas de acabar con su vida por parte de desconocidos que la quieren fuera de la arena política.

“Desde hace 7 meses he sido víctima de amenazas constantes que conjugan distintas formas de intimidación. He denunciado cada hecho, he prendido alarmas, he solicitado apoyo constante, pero aún, no hay resultados sobre cada uno de los eventos que me victimizan”, manifestó la directiva de la Alianza Verde en el Magdalena.

La líder política exigió con vehemencia “resultados concretos y que caiga el peso de la Ley sobre los violentos que me quieren callar”.

La mujer, quien confirmó que salió ilesa al igual que los acompañantes con los que viajaba en el vehículo protegido que le asignó la UNP, ha tenido que afrontar amenazas que, una tras otras, han sido cada vez más fuertes.

La primera, hace siete meses, fue una esquela de muerte que dejaron en la puerta de su casa. Como la dirigente política no se doblegó ante el hecho, posteriormente no fue una carta, sino una corona fúnebre la que dejaron en la puerta de su vivienda.

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En otra ocasión, personas desconocidas se acercaron a su casa y arrojaron una bolsa con un líquido rojo, al parecer sangre, sobre su vehículo que se encontraba parqueado en la terraza de su casa.

Pero el hecho más contundente y riesgoso fue el que vivió en las últimas horas, cuando un hombre armado, se ubicó en la parte trasera de la camioneta cuando se movilizaba por la Troncal del Caribe (vía Ciénaga-Santa Marta) y le disparó. Por fortuna, el vidrio blindado evitó que la bala impactara en la camioneta.

Rosita Jiménez, como dirigente de la Alianza Verde, tiene la facultad de otorgar avales a posibles candidatos de cara a las elecciones, así como de determinar ciertos lineamientos del movimiento político que podrían beneficiar o no a otras personas. La principal motivación, como quedó claro en la primera esquela de muerte, es que los perpetradores tienen claros intereses políticos.

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Llama la atención que por estos hechos no se ha pronunciado públicamente la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, máxima autoridad del Distrito de Santa Marta, ni tampoco el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, este último quien suele mostrarse como un defensor de los Derechos Humanos. 

“¿Hasta cuándo debemos tolerar este tipo de hechos?”, se preguntó Rosita Jiménez.