¿Es ilegal que funcionarios y contratistas participen en recolección de firmas contra Metroagua?

En los últimos días, la recolección de apoyos para que los samarios se conviertan en terceros coadyuvantes en una acción popular contra la empresa Metroagua, tuvo un despliegue particular. En diversos puntos de la ciudad, numerosos grupos de personas, con planilla en mano, pidieron a la ciudadanía participar en la iniciativa promovida por el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo. 

A raíz de esto, en redes sociales no fueron pocos los que han cuestionado el hecho de que funcionarios y contratistas del distrito estén involucrados en la campaña: ¿por qué hubo personas contratadas por el Distrito dedicadas a esta labor? ¿No debieron estar en sus puestos de trabajo en plena jornada hábil? 

En búsqueda de una respuesta jurídica al tema, Seguimiento.co consultó por separado  a cuatro abogados, tres de ellos especialistas en derecho administrativo y uno en derecho laboral. Todos coinciden, sin embargo, que en la acción no existe ilegalidad alguna. 
 
Para el abogado Geovanny Rentería, experto en derecho laboral, "si (los funcionarios) se llegan a ofrecer como voluntarios no habría ningún problema".

"En los contratos de prestación de servicios (que es la modalidad de contratación más común), los funcionarios no necesariamente deben estar metidos dentro de las instalaciones. Ellos deben cumplir con las metas que se le ponen en los contratos. No afectaría nada. Ellos deberán cumplir con sus metas y pueden realizar ese tipo de actividades", indicó Rentería.

En igual sentido se pronunció Cecilia Durán, abogada especializada en derecho administrativo. En su criterio, "no es ilegal ni inconstitucional porque los servidores públicos son seres humanos y ciudadanos y ellos pueden estar en contra de las actuaciones de una empresa como es en este caso". 

"(Los de planta) no pueden recoger firmas dentro de sus horarios de trabajo ni utilizar recursos públicos para el desarrollo de la misma, pues es una protesta de carácter ciudadano", plantea la jurista. 

La dificultad en esta situación radicaría en saber si los funcionarios vinculados en estas campañas eran de planta o contratados solo para prestar sus servicios profesionales.

La jurista Durán se basa en el artículo 4, 13 y 16 de la Constitución, pues "todos los ciudadanos pueden ejercer su libre derecho de protestar contra una empresa sea pública o privada. La Corte Constitucional ha tenido la posibilidad de pronunciarse y ha avalado tal posición y ha sido enfática en decir que todos los ciudadanos tienen derecho a la protesta".

Uno de los antecedentes que planteó la jurista es, en su momento, la participación de funcionarios públicos en la promoción del Plebiscito por la Paz, por considerarse de carácter ciudadano. 

Este medio digital consultó a otros dos abogados administrativos, que se pronunciaron en la misma línea, pero pidieron no ser mencionados en el artículo por tener algún tipo de vinculación en el ámbito de lo público. 

Recientemente, el exalcalde Carlos Caicedo, quien encabeza la iniciativa contra Metroagua, reportó la recolección de 200 mil firmas gracias a los esfuerzos de los 'voluntarios' que se involucraron en esta campaña. Con estas firmas, marcharán por las calles de Santa Marta en un acto de entrega de la acción popular que busca presionar la salida de Metroagua, para entregarla en concesión a una nueva empresa.