Reviven las polémicas por la licitación de la vía de la Prosperidad

La polémica por la adjudicación de la licitación pública de la vía de la Prosperidad, en el departamento de Magdalena, volvió a encenderse este martes con dos hechos. En el primero de ellos, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra la entonces Mintransporte Cecilia Álvarez-Correa y el Instituto Nacional de Vías, Invías.

Álvarez-Correa, entonces ministra de Transporte, había abanderado la pelea por presuntas irregularidades en este proceso de contratación (para la adecuación de la vía Palermo-Salamina) y esto había llevado a que la Procuraduría General de la Nación sancionara al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes; pero en segunda instancia la decisión fue reversada.

Precisamente fue a raíz de la decisión de segunda instancia, que ahora la Procuraduría decidió abrir indagación preliminar en contra de la ministra Álvarez-Correa, sustentando que “la Procuraduría revocó en un fallo de segunda instancia la suspensión por 10 meses impuesta al gobernador del Magdalena, Luis Cotes Habeych, por supuestas irregularidades en la celebración y ejecución de la misma licitación, siendo una de las razones esgrimidas en dicha providencia que al parecer el Instituto Nacional de Vías no podía terminar el convenio de manera unilateral”.

Según el Ministerio Público, “se pudieron presentar situaciones al parecer irregulares y con connotaciones disciplinarias con ocasión de la intervención de los funcionarios públicos objeto de la queja en el trámite de la Licitación Pública LP-DM-07-2012 y en la ejecución de los convenios que con el mismo fin fueron suscritos entre el Instituto Nacional de Vías y el departamento del Magdalena”.

Denuncia a dos magistrados de la Corte

Paralelamente a esto, la W Radio publicó que, según fuentes, dos magistrados de la Corte Constitucional serán denunciados ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por supuestos favorecimientos en el fallo de tutela que determinó tumbar la medida cautelar con la cual se había suspendido la adjudicación de este contrato, el cual ganó el consorcio Ribera Este.

Se trataría de los magistrados Jorge Iván Palacio y Gabriel Mendoza, quienes supuestamente habrían influido en el fallo.

Según la denuncia, el magistrado Palacios se habría reunido con un representante de la familia Char, a través del hermano del magistrado Gabriel Mendoza, para establecer la manera de influir en el sentido del fallo a favor del consorcio ganador.