Este es el pliego de cargos formulados por la Procuraduría a Aida Merlano

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, formuló pliego de cargos contra la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano Rebolledo, por presunta compra de votos y fraude electoral en los comicios realizados el 11 de marzo de 2018. 

Para el jefe del órgano del control la excongresista pudo ver complicada su compromiso disciplinario porque, siendo aún representante a la Cámara, probablemente el delito de corrupción al sufragante se cometió, cuando entregaba dinero con el propósito de que los electores votaran por ella como candidata al Senado de la República para el periodo 2018-2022.

Reprendió la conducta presuntamente irregular de Merlano quien, en su sede de campaña, ubicada en el barrio El Golf de Barranquilla, tenía una supuesta estructura dedicada a la compra de votos.

Dentro del material probatorio con el que cuenta la Procuraduría se tienen los registros de las cédulas de ciudadanía, certificaciones electorales, listados de puestos de votación, recibos de caja menor, letras firmadas en blanco, adhesivos con la leyenda “Gracias por tu apoyo”, armas de fuego, entre otros elementos.

La procuraduría afirmó que todas estas pruebas "Fueron encontrados en su sede de campaña política durante la diligencia de allanamiento ordenada por la Fiscalía General de la Nación, lo cual permite asumir, sin duda, que ella estaba al tanto de lo que allí ocurría; de hecho, no obra prueba en el plenario que indique lo contrario".

El jefe del Ministerio Público advirtió que la conducta por la que se investiga a la excongresista atenta contra los valores y principios democráticos y el derecho que tienen los ciudadanos a un voto libre.

“Los elegidos popularmente representan al pueblo, deben actuar consultando a la justicia y el bien común, responden políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, advirtió en la decisión.

Adicionalmente Merlano nunca reportó las cuentas de su campaña, como es su obligación legal. Sin embargo, en una serie de documentos incautados se observa que se desembolsaron cerca de 6.000 millones de pesos, en gran parte, para la operación de compra de votos.

El Procurador calificó la presunta falta de la disciplinada como gravísima, cometida a título de dolo y explicó que en el caso Merlano, por lo menos se configurarían tres delitos: lavado de activos, tráfico ilícito de armas y corrupción al sufragante.