Fiscalía imputará cargos a los exinterventores de Air-e, Nelson Vásquez y Diana Bustamante
La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente el delito de tráfico de influencias a Ricardo Roa Barragán, presidente de la estatal petrolera.
El ente acusador decidió frenar la formulación de cargos contra Augusto Rodríguez al considerar insuficientes las pruebas sobre presuntas fallas en el esquema de seguridad del senador asesinado.
El presidente de Ecopetrol será imputado por tráfico de influencias, mientras que la exfuncionaria enfrentará cargos por fraude procesal y falsedad documental.
Según la investigación, habría participado en contratos irregulares por más de 3.000 millones de pesos durante su paso por la Asamblea del Atlántico.
Con esto, cerró la posibilidad de acogerse a un acuerdo con la Fiscalía, el cual podría haber reducido su eventual condena.
La Fiscalía imputó a la mujer por maltrato animal y a un hombre por tener a dos perros en condiciones precarias.
Luego de que le solicitaron la renuncia, la exministra del Deporte ordenó terminar de manera anticipada 106 contratos de prestación de servicios.
Seguimiento.co recorrió este escenario, obteniendo imágenes inéditas de su estado una vez finalizó la tercera audiencia del gobernador, que ha insistido en que la obra está lista.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó por confirmarse, puesto que el abogado defensor del gobernador indicó que mañana tenía otros compromisos.
Antes de señalar que no se allanaba a los cargos por presunta corrupción, el gobernador quiso dar un discurso político desde el Coliseo de Gaira, pero el magistrado lo silenció.
La Fiscalía expuso cómo se habrían ‘embolatado’ más de $690 millones de esta obra, pero, por una discusión con el magistrado, se aplazó la diligencia. Caicedo se declaró inocente.
El detrimento público es de $65.616.271.494.
Celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares, serán los delitos imputados.
Por tuits amenazadores se enfrenta a pena mínima de 72 meses de prisión.
El exmandatario no aceptó los cargos.
El imputado estaba prófugo desde enero de 2021 tras ocasionar la muerte de la víctima.