Malestar en el petrismo por el protagonismo de Gabriela Muñoz: “¿Esto es lo mejor que se le ocurre?”
En su pronunciamiento, el Presidente también expresó su preocupación ante una eventual caída de su proyecto político, indicando que el progresismo tardaría una década en volver.
El decreto 492/26 establece una ampliación de los subsidios, pagos mensuales de vivienda y educación financiada con recursos públicos.
La medida hace parte de los diálogos del Gobierno con estructuras ilegales y busca su concentración en puntos específicos del país.
Además, el mandatario volvió a señalar a redes criminales transnacionales como responsables de la escalada de violencia en la zona.
Los recursos habrían sido destinados a logística, transporte, honorarios y esquemas de protección en negociaciones con el ELN, disidencias y la Segunda Marquetalia.
Petro defendió la política de paz total y afirmó que solo la Presidencia dirige los procesos de negociación.
El presidente aseguró que nunca autorizó incluir extraditables del Clan del Golfo en las primeras fases del proceso de paz.
Aseguró que la decisión fue tomada por el cansancio de las comunidades frente a la violencia que afecta al departamento.
El presidente aseguró desde Riohacha que está dispuesto a escuchar a quienes quieran dejar las armas, pero advirtió que, si no hay acercamientos, la Policía deberá capturarlo.
La propuesta desató una ola de reacciones y críticas.
El alto tribunal consideró estigmatizantes las palabras del mandatario.
El congresista tomó distancia de la colectividad por diferencias políticas y motivos de conciencia.
El llamado busca asegurar puestos de votación y garantías para un voto libre y seguro.
Según una circular del Ministerio del Trabajo, con la medida se busca garantizar derechos laborales a los privados de la libertad.
Según la guerrilla el mandatario incumplió lo pactado.
La medida había sido establecida en la segunda emergencia económica declarada por el Gobierno.