Consejo de Estado niega pretensiones de frenar posesión de Abelardo De La Espriella
Según los magistrados del alto tribunal, la resolución por la que le concedieron este estatus, no delimita con claridad las funciones y compromisos del exjefe paramilitar.
La decisión se produjo tras admitir una demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho.
Dicho norma regulaba el traslado de recursos hacia la entidad bajo el amparo de la declaratoria de desastre nacional dictada por el fenómeno de El Niño.
La acción judicial busca dejar sin efectos el acto mediante el cual el Consejo Nacional Electoral la declaró elegida como senadora.
La medida quedó suspendida mientras avanza la demanda contra la norma.
La alta corte concluyó que no se configuró la inhabilidad por contratación que alegaba la demanda y confirmó el fallo de primera instancia.
El alto tribunal consideró que el organismo electoral se habría extralimitado al crear restricciones que no estaban contempladas en la ley.
El alto tribunal determinó que el mandatario violó de manera sistemática la Ley de Garantías Estatutarias a través de sus redes sociales y canales oficiales del Dapre.
Los demandantes aseguran que el exalcalde de Medellín no cumpliría con los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
El Alto Tribunal suspendió parcialmente la resolución por la que el gobierno Petro, pretendía la libertad de varios cabecillas de grupos criminales de Medellín, Bello y Valle de Aburrá.
El Consejo de Estado determinó que esto provocaría un "perjuicio irreversible" para los usuarios.
El alto tribunal compulsó copias a la Procuraduría para que indague posibles declaraciones inapropiadas del ministro contra la magistrada Cristina Lombana.
El presidente cuestionó la decisión del Consejo de Estado y convocó a una movilización nacional el 1 de mayo para defender su reforma.
A través del Decreto 415 de 2026, el gobierno pretendía trasladar $25 billones de estos recursos al fondo de pensiones estatal.
La sentencia ordena a la Presidencia que estas transmisiones sean justificadas y breves, evitando que interfieran arbitrariamente en la programación habitual de los medios.
El documento incluye los ajustes técnicos exigidos por el Consejo de Estado y mantiene el incremento del 23% para 2026.