Piden a Fiscalía que se investigue múltiples anuncios de relaciones entre ACSN y Carlos Caicedo

Una denuncia que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación está solicitando al ente investigador que concatene y encuentre las evidencias que, en los últimos años, la agrupación armada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ha manifestado tener en contra del político Carlos Caicedo Omar, quien se desempeñó como gobernador del Magdalena entre 2020 y 2023.

La denuncia realizada por Nicolás Suárez Moreno establece que esta agrupación armada, que ahora está en trámites para el proceso de paz con el Gobierno Nacional, ha insistido en varias ocasiones en supuestos relacionamientos con este político del Magdalena, hecho que pudiera ser de suma gravedad pues implicaría una evidencia más de cómo, con los años, habría persistido el relacionamiento entre grupos armados paramilitares y la política.

El escrito recuerda que, en el año 2020, a través de un comunicado público, esta agrupación criminal solicitó directamente al Gobierno Nacional que se conformara una comisión, para así poderle entregar un material probatorio que vinculara directamente al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con dicha agrupación.

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Supuestamente, estos relacionamientos habrían tenido como fin el respaldo a aspiraciones políticas, mediante presiones a la comunidad en época electoral.

“La gravedad de estas acusaciones no pueden pasarse por alto, ya que estaríamos frente a una clara violación del orden democrático y posible reaparición de prácticas que ya han sido condenadas por la justicia y en el marco del fenómeno de la parapolítica”, manifiesta el denunciante.

El denunciante insiste en que los múltiples comunicados que ha hecho públicos esta agrupación armada al margen de la ley permiten ver que existe “una base documental y testimonial que debe ser debidamente investigada por las autoridades competentes”.

La denuncia insiste en que la Fiscalía debe solicitar actos urgentes de indagación y designar a miembros de la policía judicial para realizar las debidas acciones para el cumplimiento de estas investigaciones, teniendo en cuenta que el propio grupo armado criminal ha manifestado de manera pública tener las pruebas que comprobarían dichas vinculaciones.