Ministerio de Minas impugnará fallo que frena explotación de gas en Santa Marta

Este miércoles, 18 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energía anunció, a través de un comunicado, que impugnará el fallo del Juez Cuarto Laboral del Circuito Administrativo de Santa Marta, que ordena la suspensión de las labores de exploración y explotación del pozo de gas Uchuva 2, ubicado en el Bloque Tayrona, a 32 kilómetros costa adentro. La decisión judicial respondió a una tutela interpuesta por el Cabildo Gobernador Indígena de Taganga, que alegaba la vulneración del derecho a la consulta previa.

El Ministerio reconoce "la consulta previa como un derecho fundamental de los grupos étnicos", pero enfatizó la necesidad de impugnar el fallo "con sólidos argumentos basados en el interés general". El documento sostiene que es crucial realizar la evaluación del pozo Uchuva 2, dado que este proyecto tiene el potencial de aportar un volumen de gas recuperable significativo.

"El campo Uchuva podría aportar un volumen recuperable equivalente al 45% de las reservas 3P", destacó la cartera.

Además, el Ministerio argumentó que la suspensión del proyecto afectaría negativamente la sostenibilidad energética del país: "Sin una evaluación adecuada, el país perderá la oportunidad de incorporar estos volúmenes potenciales de reservas, lo que agravaría la situación de oferta y demanda de gas".

El pronunciamiento también subraya el compromiso del Gobierno con una gestión equilibrada de los recursos naturales, afirmando que la decisión de impugnar busca garantizar que "las decisiones se tomen con una base técnica robusta" y que se tenga en cuenta "una consideración equitativa de los derechos de los involucrados, incluidos los de las comunidades afectadas".

Finalmente, el Ministerio reiteró su compromiso con el desarrollo responsable de los recursos energéticos: "Continuaremos tomando las acciones necesarias para asegurar que la evaluación y desarrollo del pozo Uchuva 2 se lleven a cabo de manera oportuna y efectiva", concluyó el comunicado firmado por el ministro Andrés Camacho Morales.

El Ministerio del Interior, por su parte, ya había emitido un comunicado el pasado 13 de septiembre en el que respaldaba la necesidad de respetar los derechos de las comunidades étnicas a través de la consulta previa, pero sin descuidar los intereses generales del país.