La salud emocional entra al salón de clases: nueva ley cambia la educación en Colombia

Con la aprobación del cuarto y último debate en la Cámara de Representantes, el Congreso dio vía libre a la creación de la Cátedra de Educación Emocional, que será obligatoria en los niveles preescolar, básica y media en todas las instituciones educativas del país. La iniciativa, liderada por varios senadores y respaldada por el Ministerio de Educación, apunta a promover el bienestar mental, la empatía, el autocuidado y la prevención de riesgos desde edades tempranas.

La nueva cátedra estará fundamentada en cinco pilares: la estructuración de la identidad y el respeto por la individualidad, el desarrollo del bienestar emocional y social, la construcción de relaciones sanas, la autonomía y la toma de decisiones, así como la prevención de riesgos como el abuso sexual infantil. También contempla un enfoque diferencial para estudiantes con discapacidad, adaptando contenidos y metodologías según sus necesidades.

La implementación estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional, que formará a docentes, cuidadores, orientadores y trabajadores sociales. Para esto, podrá establecer alianzas con entidades públicas o privadas con experiencia en salud mental, educación o protección de la niñez.

Uno de los aspectos clave será la participación activa de las familias, pues los padres, madres y cuidadores deberán integrarse a las actividades de la cátedra, reforzando el vínculo entre el hogar y la escuela en favor del desarrollo emocional de los menores.

Además, la ley establece que la aplicación de esta cátedra deberá tener un enfoque territorial, considerando factores regionales como la pobreza, el conflicto armado y los indicadores de salud mental. Esto busca adaptar la enseñanza a las realidades sociales de cada región del país.

Finalmente, la normativa contempla un sistema de seguimiento y evaluación. El Ministerio deberá medir las competencias emocionales a través de las pruebas Saber u otras que determine el Icfes, y en un plazo máximo de seis meses deberá conformar la Comisión Nacional de Seguimiento y Evaluación para asegurar que esta política se implemente de manera efectiva y coherente en todo el territorio nacional.