La dura advertencia del Procurador a los funcionarios que participen en Política

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió a los funcionarios públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas que constituye falta disciplinaria la recolección de firmas en apoyo a grupos significados de ciudadanos que aspiran a inscribir candidatos o listas para las elecciones de 2018.

Mediante la directiva 04 de 2017, el jefe del Ministerio Público invitó a los funcionarios del país a cumplir las disposiciones constitucionales y legales, en especial las relacionadas con las prohibiciones de tomar parte en actividades de partidos y movimientos, y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente su derecho al sufragio.

“Dicha conducta constituye falta disciplinaria por indebida participación en política y transgrede el principio de imparcialidad, al afectar el equilibrio que se debe mantener con respeto a los demás aspirantes”, aclaró.

Así mismo, solicitó a los integrantes de los comités promotores y aspirantes a candidatos, que se abstengan de aceptar en el proceso de recolección de firmas, el concurso de servidores y particulares que cumplan funciones públicas.

Igualmente, hizo un llamado a las autoridades electorales, en especial al Consejo Nacional Electoral, para que implementen las medidas tendientes y vigilar las actividades que se vienen cumplimiento por parte de grupos significativos de ciudadanos, durante la labor de recolección de firmas, “por cuanto esta etapa no puede confundirse con las campañas propiamente dichas, las cuales según las Leyes 1475 de 2011 y 996 de 2005, solo pueden iniciarse una vez se hayan inscrito los candidatos”.

El Procurador General recordó a los funcionarios del Ministerio Público las obligaciones de hacer cumplir el orden jurídico para lo cual deberán efectuar las tareas preventivas, disciplinarias y de intervención durante las etapas del proceso electoral.

Finalmente, Carrillo Flórez invitó a la ciudadanía en general a participar activamente como veedora del proceso electoral y a denunciar irregularidades que comprometan la conducta de los servidores y particulares que ejerzan funciones públicas.