Gobierno aprueba zonas campesinas en reservas forestales: alertan daño ambiental

El gobierno del presidente Gustavo Petro está cerca de oficializar el reconocimiento de zonas de reserva campesina en áreas que históricamente han sido protegidas contra la deforestación.

La medida, que aún requiere la firma de un decreto, forma parte de los acuerdos alcanzados con un grupo de agricultores que ocuparon la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá, lo que casi desencadena un paro nacional agrario debido a lo que consideran avances insuficientes en la reforma agraria.

Las negociaciones, que se llevaron a cabo entre el 8 y el 11 de julio en el Ministerio del Interior, resultaron en 31 acuerdos, incluyendo uno que propone un cambio significativo en la protección de los recursos naturales que ha sido política del Estado desde 1959.

Según el Ministerio de Agricultura, "uno de los acuerdos será ejecutado por los ministerios de Agricultura y Ambiente, que comenzarán el proceso de estudios y materialización de la sustracción de la Ley Segunda para Zonas de Reserva Campesina (ZRC)".

Las ZRC no son una novedad del gobierno actual. Estas zonas existen y están reglamentadas desde 1994, con 14 áreas reconocidas hasta la fecha, de las cuales siete fueron aprobadas durante la administración de Petro, abarcando unas 440.000 hectáreas.

La reglamentación de la Agencia Nacional de Tierras define las ZRC como herramientas para controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria, facilitar la implementación de políticas de desarrollo rural, proteger los recursos naturales y regular la ocupación y aprovechamiento de tierras baldías, priorizando a los campesinos o propietarios de escasos recursos.

La Ley Segunda de 1959 estableció las zonas de reserva forestal y prohibió su explotación. En 1996, el decreto que reglamentó las ZRC también prohibió el asentamiento de campesinos en estas áreas protegidas, un impedimento que ha dificultado a los campesinos obtener títulos de propiedad. A diferencia, en la Unión Europea se prohíbe desde 2023 la importación de productos cultivados en áreas protegidas.

Eliécer Morales, vocero de la Agenda Nacional Campesina, explicó a El Colombiano que "la prohibición desconoce el contexto del desplazamiento forzado por el conflicto armado, que ha llevado a los campesinos a establecerse en estas áreas, así como su rol crucial en la conservación del medio ambiente".

En los 170 municipios incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que buscan implementar lo acordado en 2016, 98 se encuentran en zonas de reserva forestal, con al menos 11 millones de habitantes. Hasta la fecha, se han presentado 28 solicitudes de campesinos para ser reconocidos como Zonas de Reserva Campesina, de las cuales 9 están ubicadas en áreas de reserva forestal. Estos cultivadores se comprometen a mantener altos estándares de protección ambiental, beneficiando potencialmente a 514.000 familias campesinas.

Un informe de Oxfam de 2018 reveló que el 1% de las fincas en Colombia controlaba el 81% de la tierra productiva, mientras que el 99% de los campesinos compartía el 19% restante. El reconocimiento de reservas campesinas en zonas protegidas podría ser una solución al problema de distribución de tierras en el país.

El Gobierno de Petro prometió adquirir un millón de hectáreas durante su mandato, pero hasta ahora ha logrado solo 104.000 hectáreas. La meta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 es de tres millones. El reto del Gobierno será equilibrar el derecho de los campesinos a labrar la tierra con la necesidad de continuar combatiendo la deforestación.

El 8 de julio, el Ministerio de Ambiente reportó la reducción más baja en la deforestación desde el inicio de los registros, con una disminución del 36% al pasar de 123.517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79.256 en 2023. Para garantizar la protección, se estudia la posibilidad de otorgar títulos verdes o hereditarios del uso del suelo, con un estricto plan de manejo para cada cultivo. La responsabilidad de la redacción del decreto recaerá en los ministerios de Ambiente y Agricultura.

La exministra de Agricultura, Cecilia López, ha criticado la gestión actual, señalando que “la expropiación exprés podría abrir la puerta a la violencia y a futuros abusos en la toma de tierras”. Con la reciente llegada de la nueva ministra Martha Carvajalino, experta en la entrega de tierras, se espera abordar el rezago señalado por la Procuraduría y avanzar en el cumplimiento de las metas.