Exfuncionarios de la Fiscalía son imputados por usar sus cargos para interceptar ilegalmente comunicaciones

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exfiscal especializado Fabio Augusto Martínez Lugo y al ex investigador Luis Carlos Gómez Góngora, como presuntos responsables de usar sus cargos e incurrir en distintas actuaciones irregulares para interceptar ilegalmente comunicaciones entre 2017 y 2018.

De acuerdo con el material de prueba, Gómez Góngora habría proyectado y presentado informes de policía judicial con información falsa, los cuales fueron utilizados para sustentar ordenes de intervención de líneas telefónicas en procesos que estaban a cargo de Martínez Lugo. De esta manera, al parecer, se hizo incurrir en error a los jueces de control de garantías que ejercieron control previo y posterior a dichas actuaciones.

Uno de los exfuncionarios fue acusado y el otro condenado por un primer evento, en el que fueron interceptadas las comunicaciones de un directivo de un sindicato de aviadores.  Ahora, con nueva evidencia, la Fiscalía identificó otros dos hechos en los que estarían involucrados, estos son:

Como parte de una investigación que se seguía por el secuestro de una persona en Bogotá, en 2013, se impartieron órdenes para intervenir varias líneas; sin embargo, se incluyeron los abonados telefónicos de un empresario español, un abogado y sus familiares. Los afectados no tenían relación con el caso que se pretendía esclarecer.

En una indagación por la desaparición de un hombre en Bogotá, en marzo de 2012, fueron interceptadas las comunicaciones de dos mujeres ajenas al caso, una de ellas era la encargada del proceso de liquidación de un frigorífico.

La información obtenida en estos dos eventos, presuntamente, fue destruida sin dejar rastro en el sistema misional SPOA y en el almacén de evidencias.

Por lo anterior, los dos exfuncionarios fueron imputados, de acuerdo con el posible grado de participación, por los delitos de: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y prevaricato por acción. Los cargos fueron aceptados por los procesados.