Empleada de banco, judicializada por filtrar datos a red de extorsión desde cárceles
Una trabajadora de una entidad bancaria fue judicializada por su presunta participación en una red de extorsión que operaba desde cárceles en Colombia. El caso salió a la luz tras una investigación que evidenció cómo información financiera de clientes era utilizada para cometer fraudes y amenazas.
La mujer, identificada como Queila Maryuri Orozco Trujillo, habría sido pieza clave dentro de la estructura criminal. Según la Fiscalía, su rol consistía en filtrar datos confidenciales de usuarios del banco donde trabajaba, información que terminaba en manos de delincuentes recluidos en centros penitenciarios.
De acuerdo con las autoridades, con esos datos los integrantes de la red suplantaban a las víctimas para solicitar créditos y realizar otros movimientos financieros. Una vez el dinero era desembolsado, la empleada presuntamente avisaba al cabecilla del grupo para que iniciaran las llamadas extorsivas, presionando a las personas a entregar dinero bajo amenazas.
La investigación también reveló que la mujer habría sostenido más de 670 comunicaciones con el líder de la organización, quien se encontraba privado de la libertad en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana, lo que permitió coordinar cada paso del esquema delictivo.
Por estos hechos, una fiscal en Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Durante las audiencias, la procesada no aceptó los cargos y un juez le dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso.
Este caso vuelve a poner en evidencia cómo desde las cárceles se siguen coordinando redes criminales en el país. Las autoridades han advertido que estas estructuras pueden mover grandes sumas de dinero al año y operar de manera sistemática, incluso realizando cientos de llamadas extorsivas al día desde un solo dispositivo móvil.
Ante este panorama, las instituciones reiteraron el llamado a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños y a denunciar cualquier intento de extorsión a través de las líneas habilitadas por la Policía.
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