A pocos días de iniciar el nuevo gobierno, son varios los militares retirados que están confirmando gran parte de las denuncias adelantadas durante el gobierno de Gustavo Petro, sobre el desmantelamiento de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares, que condujeron al incremento de los índices de violencia en Colombia.

Recientemente, en una entrevista concedida a la Revista Semana, el coronel retirado Juan Pablo Bernal, exjefe del Área de Intervención de Cultivos Ilícitos de la Policía Nacional,  brindó información sobre lo que sería el desmonte de personal especializado y la reducción de recursos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que terminaron afectando la capacidad operativa del Estado para combatir el narcotráfico, registrando así niveles históricos de producción de cocaína.

En su relato, Bernal aseguró que luego de que la dependencia a su cargo superara la erradicación de 20.000 hectáreas de coca en 2023, la Policía retiró a varios oficiales con amplia experiencia en operaciones antidrogas y no los reemplazó con personal de similar trayectoria.

Según el oficial en retiro, la decisión debilitó la estructura técnica y estratégica de la unidad.

"Eso hizo que quedara prácticamente solo, trabajando con oficiales subalternos y con mayores recién ascendidos", aseguró.

El excomandante señaló que la reducción del personal coincidió con una disminución significativa de las labores de erradicación manual, por lo que Colombia pasó de erradicar cerca de 48.000 hectáreas de coca en 2022 a poco más de 20.000 hectáreas en 2023.

Las declaraciones de Bernal se suman a las críticas formuladas por distintos sectores sobre los cambios realizados en la cúpula militar y de Policía durante el gobierno de Gustavo Petro.

Desde el inicio de la administración, el Ejecutivo relevó a decenas de generales y almirantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, una de las mayores renovaciones del alto mando en la historia reciente del país. Para algunos analistas y oficiales en retiro, estas decisiones implicaron la salida de mandos con amplia experiencia en operaciones contra organizaciones criminales y narcotraficantes, lo que habría afectado la continuidad de varias estrategias de seguridad.

El Gobierno, por su parte, ha defendido estos cambios argumentando que hacían parte de una reorganización institucional orientada a implementar su política de "Seguridad Humana".

Reducción de recursos

Bernal también aseguró que, además de la salida del personal especializado, la dependencia comenzó a enfrentar recortes presupuestales y limitaciones contractuales que, según dijo, terminaron por "diezmar" la capacidad operativa de la unidad.

"La erradicación no volvió a desarrollarse en la misma proporción de años anteriores. Esas fueron, en términos generales, las exigencias planteadas por Estados Unidos: fortalecer la interdicción, afectar la cadena del narcotráfico e incrementar la erradicación", sostuvo.

El coronel retirado afirmó que está dispuesto a entregar documentación pública y reservada a las autoridades para respaldar sus declaraciones y confirmó que inició acciones judiciales con el propósito de lograr su reintegro a la institución.

Finalmente aseguró que ante el inicio de un nuevo gobierno, confía en que hayan condiciones para poder exponer las denuncias sin poner en riesgo su vida.