Colombia presenta mayor índice de amenazas, asesinatos y desplazados de lideres ambientales

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, exhortó al Gobierno Nacional, especialmente a la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Defensa, a la implementación de acciones urgentes para la protección de los líderes ambientales, frente al aumento de la violencia y el agravamiento de la situación de orden público en muchas regiones del país, referenciando que según el informe de Global Witness, Colombia es uno de los países con mayor número de personas amenazas, desplazadas y asesinadas por defender el medio ambiente en el mundo. 

En su llamado al Gobierno Nacional, la jefe del Ministerio Público también pidió se informen las acciones de las autoridades en la implementación del Acuerdo de Escazú, instrumento internacional aprobado por el Estado colombiano, que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en el ámbito ambiental, así como garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana, la justicia en asuntos ambientales y la protección de los defensores de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe.

La Procuradora Cabello Blanco precisó que, si bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que trazó la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo en todos los territorios del país, al día de hoy no se conoce el documento, ni ha sido compartido con el Ministro Público, enfatizando en que todas las ramas del poder público y los organismos de control deben estar en etapa de aprestamiento para su efectiva implementación, mientras la ley está en revisión de asequibilidad en la Corte Constitucional. 

Ante esto, la Procuradora confirmó que requirió a las autoridades ambientales nacionales y regionales, Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que informaran las estrategias y acciones de implementación del Acuerdo, recalcando en que se intensificarán las acciones para la protección y defensa efectiva del medio ambiente, y de los derechos colectivos de las comunidades del país. 

Finalmente, en el espacio de diálogo convocado por el ente de control y que contó  con la participación de altos miembros del Consejo de Estado, el Director Regional de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur (E), la Viceministra de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuradora puntualizó que la implementación del Acuerdo debe priorizar aquellos lugares con ecosistemas estratégicos, presencia de comunidades étnicas y campesinas Y zonas de implementación de acuerdos de paz o postconflicto, agregando que “Sin seguridad y sin una respuesta estatal que proteja a sus habitantes, no se podrán defender efectivamente los ecosistemas colombianos” expresó Cabello Blanco.