Benedetti plantea convocar la consulta popular por decreto; Cepeda advierte que sería inconstitucional

El ministro del Interior, Armando Benedetti, abrió nuevamente el debate sobre la fallida consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional, al asegurar que, si el Senado no se pronuncia formalmente antes del 1 de junio, el presidente Gustavo Petro podría convocarla por decreto.

Según Benedetti, la votación en el Senado no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Quinta, pues no se leyó la proposición que debía ser sometida a votación. En consecuencia, argumenta que el Congreso no se ha pronunciado de manera válida sobre el mecanismo, lo que abriría la puerta para que el Ejecutivo convoque directamente a los ciudadanos a las urnas.

“El Gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará la consulta popular a elecciones para las 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral”, afirmó Benedetti, quien además criticó el desarrollo de la sesión legislativa donde se hundió la propuesta, calificándola de irregular y contraria al procedimiento legal.

El jefe de la cartera política también citó como antecedente la consulta anticorrupción de 2018, en la que sí se habría cumplido con la lectura formal de la proposición, para reforzar su argumento de que en esta ocasión no hubo un pronunciamiento válido del Senado.

Sin embargo, desde la presidencia del Congreso, el senador Efraín Cepeda rechazó tajantemente la posibilidad de convocar la consulta por decreto, advirtiendo que se trataría de un acto inconstitucional que desconoce la separación de poderes.

“La consulta ya fue negada, incluso su apelación. Emitir un decreto para convocarla sería ilegal y atentaría contra el Estado de derecho”, expresó Cepeda, quien también aseguró que, de concretarse esa vía, acudirán a los mecanismos judiciales pertinentes para frenar lo que considera un abuso del Ejecutivo.

Cepeda agregó, a través de sus redes sociales, que no permitirán “maniobras que pretendan desviar recursos públicos hacia intereses políticos o campañas”, y calificó de autoritaria cualquier intención de “pasar por encima del Congreso y la justicia”.