Apelan sentencia de la JEP: familias de diputados del Valle exigen verdad y justicia real

Los familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por las Farc presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la primera apelación contra la sentencia que condenó a siete exmiembros del antiguo Secretariado de esa guerrilla por más de 20.000 secuestros ocurridos durante el conflicto armado.

El abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de varias de las víctimas, solicitó revocar la decisión al considerar que la sanción impuesta es insuficiente y no responde a los estándares de justicia restaurativa ni a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

“La sentencia reconoce la responsabilidad del Secretariado por crímenes como toma de rehenes, privaciones de la libertad y tratos inhumanos, pero incurre en graves deficiencias que afectan los derechos de las víctimas. El caso de los diputados del Valle, que ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, no recibe un tratamiento restaurativo adecuado”, señaló Sanclemente en el documento.

Los familiares alegan que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta y que las sanciones impuestas —como proyectos de memoria y desminado humanitario— no guardan proporción con el daño causado. “No abordan la pérdida irreparable de vidas, el trauma psicológico ni la estigmatización que ha sufrido el único sobreviviente, Sigifredo López, y su familia”, se lee en la apelación.

También cuestionan que los exjefes de las Farc no hayan entregado verdad plena sobre lo ocurrido con los diputados. “Nuestros representados han esperado 23 años por una verdad completa y exhaustiva. La sentencia atribuye de manera vaga la responsabilidad al Secretariado y omite detalles sobre la cadena de mando que ordenó el asesinato”, argumentan.

Las víctimas consideran que con estas falencias se incumple el punto de verdad y reparación del Acuerdo de Paz y piden que la JEP revoque la sentencia. Además, critican que el régimen de condicionalidad permita beneficios sin una verificación estricta del cumplimiento, y que algunas de las acciones voluntarias de los comparecientes —como donaciones de libros o la construcción de letrinas— resulten, en sus palabras, “una burla y revictimización”.